Tribunal alemán rechaza ley de inmigración
18 de diciembre de 2002
Los jueces del Tribunal, con sede en Karlsruhe, declararon inconstitucional el procedimiento por el que fue ratificada la ley, aunque no juzgaron su contenido, por no ser este el objeto de la demanda.
"Nuestro cometido no era juzgar el contenido sino la forma en que se produjo la aprobación', subrayó el presidente de la sala, Winfried Hassemer, al dar a conocer la sentencia. El recurso de los estados conservadores se dirigía contra el procedimiento por el que fue ratificada la ley en la cámara alta (Bundesrat), el 23 de marzo 2002.
El presidente de turno del Bundesrat, el socialdemócrata Klaus Wowereit, dio como positivo el voto de Brandeburgo, a pesar de que no hubo unanimidad de criterio entre los dos socios de gobierno de dicho estado, lo que hubiera sido un voto neutro.
Proyecto fracasado
El voto de Brandenburgo era decisivo para deshacer el desempate a favor de la ratificación de la ley, uno de los grandes proyectos del Gobierno roji-verde en la anterior legislatura. Su objetivo era regularizar el flujo de trabajadores extranjeros en función de la realidad social y del mercado laboral de Alemania. Tras su controvertida ratificación parlamentaria, fue firmada por el presidente de Alemania, Johannes Rau, quien no obstante expresó su deseo de que se consultase al Constitucional.
La oposición presentó la demanda por razones formales, aunque es también contraria a parte de sus contenidos, puesto que considera que abre las puertas a una mayor inmigración.
Urge el consenso
La Confederación de la Industria Alemania, BDI, llamó al Gobierno y la oposición conservadora a buscar un "rápido compromiso" sobre una ley de inmigración, después de la decisión del Tribunal Constitucional.
"Alemania necesita una ley para regular la entrada de trabajadores extranjeros, de acuerdo con las necesidades de su mercado laboral, y esta no puede detenerse 'por los vaivenes' entre la coalición gubernamental y la oposición", manifestó Michael Rogowski, presidente del BDI.
El fallo del Tribunal Constitucional comporta que la ley no podrá entrar en vigor el 1 de enero 2003, como estaba previsto y significa una grave derrota para el Gobierno alemán.
(EFE/ggz)