Militares critican plan alemán para derribar aviones secuestrados
17 de septiembre de 2007El plan del Ministerio de Defensa alemán de autorizar el derribo de aviones de pasajeros que hayan sido secuestrados y se encuentren en manos de terroristas fue rechazado por amplios sectores, incluyendo a militares y a los pilotos de la Fuerza Aérea.
El ministro de Defensa, el demócrata cristiano Franz Josef Jung, considera que en caso de extrema amenaza para la población, él daría la orden a la Fuerza Aérea de derribar un avión secuestrado, aunque en la acción mueran los pasajeros del avión.
Según un portavoz del ministerio, los oficiales que reciban semejante orden tienen que cumplirla y no pueden desobedecer, aún cuando la orden sea violatoria de la Constitución. 'Existe la emergencia supraconstitucional y a ella me remitiría en caso de necesidad y si no existiera otra vía para proteger a nuestros ciudadanos', dijo Jung para justificar la propuesta.
La idea fue rechazada hoy tanto por la agrupación de pilotos de combate dentro de la Fuerza Aérea como la Asociación de las Fuerzas Armadas, un organismo oficial que defiende los intereses de los militares de toda graduación y es la voz que habla en nombre de los uniformados activos y retirados.
El coronel Bernhard Gertz, titular de dicha asociación, descartó de plano que los oficiales deban cumplir con una orden de ese tipo. 'El ataque a una nave con rehenes inocentes a bordo equivale, como mínimo, al delito de homicidio culposo. Todo piloto puede por lo tanto negarse a ello, sin temor alguno a las consecuencias que pueda tener ese acto de desobediencia', dijo Gertz a la televisión local.
Thomas Wassmann, por su parte, titular de la asociación de pilotos de aviones de combate, recalcó que 'está claramente establecido que un soldado no puede cumplir órdenes que violen el Estado de derecho'.
El ministro de Defensa apenas recibió apoyo de algunos correligionarios y parlamentarios de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, pero el rechazo fue unánime entre las fuerzas de oposición en el Parlamento, que pidieron su renuncia incluso junto al Partido Socialdemócrata, aliado en el gobierno federal bajo la canciller Angela Merkel.
La Suprema Corte Constitucional del país había establecido, en un fallo de 2006, que una orden de ese tipo es anticonstitucional, 'incompatible con el derecho a la vida y la garantía a la dignidad humana que establece la Carta Magna'.