Europa: más protección para mujeres, también las migrantes

Para una mujer migrante en España, la exigencia de llevar más de noventa días empadronada para poder acceder a servicios de salud puede convertirse en una barrera insalvable. Más aún en situación irregular. Pero, si va en busca de asistencia para ejercer su derecho a un aborto seguro y gratuito, este requisito puede significar un abismo. En el marco de la iniciativa "Mi voz. Mi decisión" (#My Voice.My Choice), esta situación ha llegado esta semana (1-5 de septiembre de 2025) hasta los altos despachos de Bruselas.

Las activistas y organizaciones que han traído una petición al respecto a la capital de Europa han hecho uso de un instrumento de la democracia de la Unión Europea (UE): la Iniciativa Ciudadana, que prevé que, si una moción consigue recoger en un año un millón de firmas de un 25 por ciento de sus Estados miembros, la Comisión Europea tiene que considerarla y dar una respuesta. En este caso, se trata de que, desde las instituciones europeas, se ampare a toda mujer que en la UE quiera ejercer su derecho humano a interrumpir un embarazo no deseado.  

Todas las mujeres, las migrantes también

Uno de los apartados de esta iniciativa apunta a los derechos de las mujeres migrantes. ¿Atañe a las mujeres latinoamericanas? Sí, sobre todo a las más vulnerables, las que están en situación administrativa irregular, responden las activistas. 

 A pesar de que España tiene una legislación que asegura una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) segura y gratuita, "cuando una mujer migrante intenta acceder a un aborto, especialmente si está en una situación administrativa irregular, se lo están denegando. La envían para su casa exigiendo más papeles, las envían a otras instituciones", cuenta a DW Kika Fumero, directora de la campaña en España.  

Evidentemente, "las semanas siguen pasando y las mujeres se ven en una situación muy complicada. A la precariedad administrativa, se suma la económica y el riesgo a ser deportadas. Eso es lo que está pasando en este país", añade. 

Legislaciones muy dispares

El derecho, definido por la ONU, a ejercer los derechos sexuales y reproductivos, no se refleja por igual en todas las legislaciones de los 27 Estados miembros de la UE. En territorio europeo hay legislaciones restrictivas, como la maltesa, que no acepta la IVE y la penaliza. La de Polonia la prevé sólo en caso de riesgo para la salud de la mujer o en caso de violación.

En el otro extremo, la de Países Bajos, que permite el aborto electivo hasta las 24 semanas. La de Suecia, hasta las 18 semanas, sin cláusula de objeción de conciencia. En España, donde se encuentra alrededor del 50 por ciento de las migrantes provenientes de América Latina, el plazo legal es de catorce semanas. 

"Cuando iniciamos la campaña, muchas nos dijeron que lo que pedíamos era imposible", sigue Kika Fumero. "Pero hemos logrado demostrar que hay un movimiento feminista dispuesto a salvar a las mujeres que las clínicas rechazan por su situación irregular. Un aborto clandestino pone en riesgo su integridad física y síquica. Y las somete a mayor precariedad", añade. 

Mi voz, mi cuerpo

Entretanto, la campaña "Mi voz. Mi decisión" toma cuerpo y empieza su senda por las instituciones europeas. ¿Cuál es el objetivo? Aunque en este tema Bruselas no puede legislar por sobre sus Estados miembros, "sí puede crear un fondo para que las mujeres puedan desplazarse a entornos cercanos que les permitan una intervención que no ponga en riesgo sus vidas", responde Kika Fumero.

El fondo que este movimiento avizora financiaría las intervenciones y, dado el caso, los desplazamientos de mujeres en busca de un entorno seguro para llevar a cabo la interrupción de un embarazo no deseado.

Más allá del mar

De Europa y América Latina, muchas son las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado la iniciativa. Desde Centroamérica se le pone el hombro, pero guardando el anonimato; en esa región hay varios países con las legislaciones más restrictivas y se teme represalias que pueden significar cárcel o cierre de organizaciones.

Para Gemma Griera, de la organización catalana Cooperacció, "esta iniciativa envía también un mensaje de apoyo a las mujeres y disidencias en América Latina, porque afirma que el aborto es un derecho humano que no depende del lugar donde vivas. Es una forma de acuerpar sus luchas y de mostrar que no están solas frenta a leyes y contextos restrictivos".  

(ms)