Expresidentes latinoamericanos condenados por la justicia

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), acusado de fraude procesal y soborno, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en julio de 2025. Uribe siempre ha negado los hechos y acusa persecución política. La defensa de Uribe ahora prepara una apelación que pasará el caso al Tribunal Superior de Bogotá.

La Corte Suprema de Argentina sentenció a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en Argentina, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Por su edad, 72 años, podrá cceder a prisión domiciliaria

Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil (2019-2023) enfrenta un juicio por conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022. Actualmente está bajo prisión domiciliaria y uso de tobillera electrónica. Además, es objeto de una investigación por obstrucción judicial, tras la presión ejercida por el presidente de EE.UU. en un intento por interceder en su favor.

Pedro Castillo, destituido de la presidencia de Perú tras haber ordenado la disolución del Parlamento (07.12.22), fue detenido y llevado al penal de Barbadillo. A las acusaciones que ya enfrentaba, el Ministerio Público agregó la de presunto delito de rebelión “por quebrantar el orden constitucional”. En la misma prisión se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori.

Alberto Fuijimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, perpetró en 1992 un autogolpe de Estado. En su régimen hubo bullados casos de corrupción. Cumple una condena de 25 años de cárcel por homicidio calificado, usurpación de funciones, corrupción y espionaje, desvío de fondos y peculado.

Ollanta Humala (2011-2016) completó su mandato presidencial en Perú, pero un año después fue sometido a prisión preventiva. Tanto él como su mujer son investigados por acusaciones de recibir dinero ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial peruana en 2011. En abril de 2018, el Tribunal Constitucional de Perú revocó la prisión preventiva, pero el proceso continúa.

Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino de Bolivia como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales. Fue detenida el 13 de marzo de 2021. En un controvertido fallo, un tribunal la condenó a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y se encuentra en una cárcel en La Paz.

Lula da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pasó 580 días en prisión entre abril de 2018 y noviembre 2019 por dos casos de presunta corrupción. En marzo de 2021, la Corte Suprema anuló las dos sentencias debido a irregularidades procesales cometidas por la Fiscalía y los jueces que le procesaron. Así, pudo presentarse a las elecciones de 2022, en las que derrotó a Jair Bolsonaro.

Un tribunal condenó (07.12.22) a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado que gobernó Guatemala de 2012 a 2015, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015. Pérez había sido encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones y se encontraba en prisión domiciliaria desde noviembre de 2021.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento. Está detenido en la cárcel federal del condado de Brooklyn y podría ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable.

Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, fue encarcelado el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentar el juicio por el caso conocido como "pinchazos", en el que posteriormente fue absuelto. Había sido puesto en prisión domiciliaria en 2019. También enfrenta ahora un juicio por presuntos cobros de sobornos de la brasileña Odebrecht.

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) enfrentó varios procesos. En 2008 se celebró el primer juicio en su contra, acusado de tráfico de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Estuvo seis meses en prisión preventiva domiciliaria en 2001, y fue liberado después de que la Corte Suprema anulara los cargos. Desde 2005 tuvo fuero como senador, cargo que ocupó hasta su muerte, en 2021.

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) enfrentó tres condenas por corrupción y lavado de dinero en los años 2022, 2023 y la última de ellas en 2024, que lo senteció en ausencia a ocho años de prisión. El expresidente salvadoreño vivía en Nicaragua desde 2016 hasta su muerte, ocurrida en enero de 2025.

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta un proceso judicial en su contra por los delitos de colusión y lavado de activos, en el marco del escándaloso caso Odebrecht. Toledo fue extraditado por Estados Unidos a Perú donde fue condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de cárcel. Actualmente enfrenta un segundo juicio por el caso Ecoteva, arriesga otros 16 años de prisión.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que también fuera presidente de Perú y renunció a a su cargo, enfrenta una serie de investigaciones fiscales y una acusación penal por delitos de corrupción y lavado de dinero relacionada con la constructura brasileña Odebrecht. Sin embargo, el juicio aún está lejos para Kuczynski, aunque por ahora tiene prohibido salir del país.