El país centroamericano tiene una de las legislaciones antiaborto más estrictas del mundo. Ni siquiera las mujeres o las niñas que fueron violadas, tienen derecho a abortar. Además, las mujeres que sufren un aborto involuntario son objeto de sospecha general.
Un aborto espontáneo también conlleva prisión preventiva y a menudo conduce a sentencias demoledoras, con penas que pueden alcanzar de 30 a 40 años. En la actualidad, 17 mujeres están condenadas bajo estas circunstancias y ningún partido político quiere enfrentarse a la poderosa iglesia católica.