Derechos humanos : ¿dónde se sitúan los países latinoamericanos en la clasificación de la ONU?

Adoptada por 50 estados miembros de la ONU el 10 de diciembre de 1948, cumplirá 70 años en 2018. El texto reconoce las libertades fundamentales del individuo. Hoy la ONU cuenta con 193 estados miembros, ¿cuántos respetan realmente la DUDH? DW estudió la situación en 25 países alrededor del mundo.

Desde hace seis años, se cometen aquí crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario y abusos de los derechos humanos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, septiembre fue el más cruento de este año: 3.055 personas perdieron la vida, de ellas 955 civiles.

El 24 de noviembre se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. A pesar de sus aspectos positivos (comisión de la verdad, obligación de establecer un inventario de los bienes adquiridos durante el conflicto, entre otros), el acuerdo de paz aún es cuestionado por algunos sectores en Colombia.

A principios de 2016, el presidente Maduro declaró estado de excepción y emergencia económica que sirvió como marco para restringir libertades civiles. Desde 2013, el país se retiró de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno venezolano reprime y encarcela a disidentes políticos. En 2017, 129 personas perdieron la vida durante protestas.

La violencia en México aumentó notablemente. En octubre se registró la cifra más elevada de homicidios en 20 años: 2.300 casos. En lo que va de 2017, 36 periodistas han sido asesinados en el país.

En Guatemala, el sistema de justicia penal es usado para intimidar a defensores de los derechos humanos, sobre todo medioambientalistas. Según el informe más reciente de UNICEF, Guatemala es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertes violentas de niños y adolescentes.

El aumento del nivel de violencia afecta los derechos a la vida, la libre circulación, la educación y la integridad física. En El Salvador, el aborto es penalizado, lo que amenaza los derechos de la mujer. Además, persiste la impunidad en casos de violencia y delitos contra la comunidad LGBTI.

Algunas autoridades estadounidenses siguen abusando de la fuerza y en 2017 se sumaron nuevos casos de racismo policial. Aunque no existen cifras oficiales, los medios de comunicación estiman en 1.000 el número de muertos a manos de agentes durante el año. Además, el Congreso no ha adoptado iniciativas firmes para reducir la venta de armas. En un tiroteo en Las Vegas (02.10) murieron 59 personas.

Los jóvenes afrobrasileños son frecuentemente víctimas del abuso de la fuerza policial. Además la violencia sigue presente. En Brasil, una persona muere de manera violenta cada ocho minutos. Homicidios, feminicidios, robos fatales, muertes a manos de policias: la mayoría de los casos no son resueltos.

Con una tasa de homicidios seis veces más alta que el promedio global (59 muertes por cada 100.000 habitantes), Honduras es uno de los países más violentos del mundo. El 1 de diciembre, el gobierno declaró el estado de emergencia y amplió el poder de la policía para contener las protestas tras el anuncio tardío del ganador de las últimas elecciones presidenciales.

A pesar de la apertura política anunciada en 2016, la libertades de expresión, asociación y circulación siguen restringidas. El 4 de diciembre, 33 Damas de Blanco fueron detenidas mientras intentaban ir a misa y participar en la campaña por la liberación de los presos políticos #TodosMarchamos .

En 2017, la violencia de género aumentó notablemente. Perú es el tercer país del mundo con mayor violencia sexual, doméstica y de género, y el segundo en América. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y marzo de este año se han registrado 1.778 denuncias por abuso sexual. La mayoría de las víctimas tienen menos de 17 años.

La corrupción del sistema judicial boliviano amenaza la independencia de la justicia. En los dos últimos años, las organizaciones de defensa de los derechos humanos trabajaron en un clima progresivamente más hostil. Además, Bolivia es el país latinoamericano más violento para la mujer y el trabajo infantil sigue existiendo.

Los niños y adolescentes son las primeras víctimas de la pobreza en Paraguay. Las comunidades rurales lidian con la malnutrición, las dificultades de acceso al agua potable y a las redes de saneamiento. En muchos casos, la violencia contra las mujeres permanece impune. En Paraguay, el aborto está considerado como un delito, aunque la tasa de embarazo precoz es alarmante.

En Ecuador, las libertades de asociación y de expresión se restringieron. Se niega el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas respecto a proyectos de desarrollo que afectan sus tierras.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes denunciaron una violación de sus derechos a la consulta previa e informada para la construcción del Gran Canal Interoceánico. Reclaman el robo de tierras por parte del Gobierno y luchan contra el proyecto desde hace cuatro años. Persiste la impunidad por violencia de género y el país tiene uno de los índices más altos de embarazo precoz de América.

En Argentina, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y su participación en la gestión de los recursos naturales, estos siguen siendo limitados.

Desde los ataques terroristas de noviembre de 2015, Francia aplicó el estado de excepción. Una situación que restringe las libertades fundamentales como la de manifestación. En noviembre 2017, se anunció el final del estado de excepción; sin embargo, el Parlamento adoptó una nueva ley antiterrorista que resulta ser la legislación más estricta de la Quinta República.

En 2017, se notó una significativa reducción de las muertes violentas en Panamá. El Gobierno abogó por la necesidad de un trabajo de educación y atención para prevenir la violencia hacia las mujeres.

Persiste la discriminación contra las personas con discapacidad y no existe igualdad de género. En 2016, Uruguay albergó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la comunidad LGBTI.

El Gobierno emprendió un trabajo eficaz de lucha contra la pobreza. Sin embargo, según Oxfam, los trabajadores en las plantaciones de banana y piña en Ecuador y Costa Rica sufren de condiciones de trabajo indignas (uso de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, bajos sueldos, entre otros).

Continúan los procedimientos judiciales relativos a crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En agosto, Chile aprobó la despenalización del aborto en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.

Continúan las expulsiones colectivas de migrantes que intentan entrar en la Unión Europea pasando por los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en Marruecos. Además, las autoridades españolas se niegan a cooperar con la justicia argentina para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las autoridades hicieron esfuerzos considerables para acoger a un gran número de solicitantes de asilo. Sin embargo, el número de ataques xenofóbicos sigue siendo alto.

En Canadá se emprendió un proyecto de investigación nacional sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas indígenas. El gobierno canadiense se disculpó ante la comunidad LGBTI por las discriminaciones que sufrieron en el pasado.

Según el informe de las Naciones Unidas, Islandia es el país que más respeta los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, dos problemas siguen persistiendo : la desigualdad de género y el abuso sexual infantil.