El gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley Apci o ley "anti-ONG", votada mayoritariamente por el congreso peruano, que obligará a las organizaciones a rendir cuentas a un tribunal de la cancillería que determinará si su misión se ajusta a los intereses del Estado Peruano. Amnistía Internacional y otras organizaciones califican la ley como una mordaza. Boluarte dijo que las ong "siembran odio".