Asesores bajo la lupa
2 de febrero de 2004
Los tiempos de crisis parecen ser los más boyantes para un sector particular de la actividad económica: las empresas consultoras. También las reparticiones estatales recurren a ellas, en busca de asesoría para utilizar con mayor precisión las tijeras de las que por estos días no se salva prácticamente ningún presupuesto fiscal. Comprensible resulta que los ministerios y otras instituciones en pie de reforma necesiten consejos externos para optimizar su desempeño. Lo que no queda tan claro ante la opinión pública es la necesidad de que se destinen cifras millonarias a tales efectos, ni la forma en que algunas veces se asignan los correspondientes contratos.
En busca de transparencia
El caso que provocó días atrás la caída del jefe de la Oficina Federal del Trabajo, Florian Gerster, puso en primer plano en Alemania el tema de las asesorías externas. Tanto revuelo ha levantado el asunto, que el gobierno anunció que rendirá cuenta al parlamento sobre todos los contratos de este tipo sellados entre los años 1998 y 2003. Esto, el mismo día en que el Tribunal de Cuentas comunicó que se propone mirar con lupa los encargos gubernamentales de esta naturaleza efectuados en los últimos años, ante la constatación de que ha habido irregularidades en numerosos casos.
Aunque el gobierno alemán aplaudió la iniciativa del organismo fiscalizador, calificándola de paso "apropiado" para llevar el debate a un terreno más objetivo, lo cierto es que la oposición sigue lanzando municiones contra el ejecutivo. El periódico conservador Welt am Sonntag, reveló, por ejemplo, que el gobierno de socialdemócratas y verdes ha gastado 169 millones de euros en asesores externos entre 1999 y el 2003. La cifra no parece en absoluto abultada si se toman en cuenta otras que encontramos salpicadas en la prensa.
Hablando de millones
Por ejemplo, el semanario Focus señaló recientemente que el ejército alemán ha pagado honorarios a asesores por un monto cercano a los 43 millones de euros. Entre las consultoras más solicitadas parece contarse la empresa de Ronald Berger, de Munich. Según un periódico de Sarrebruck, han recurrido a él tanto el Ministerio de Economía como el de Educación y el de Defensa, aparte de la Oficina Federal del Trabajo, que suscribió contratos cercanos a los 12 millones de euros. Fue ésa la gota que rebalsó el vaso, dado que en este caso no se habrían cumplido procedimientos de rigor como la presentación de propuestas públicas para los servicios requeridos.
Desde el flanco gubernamental se replica que instituciones como la Oficina Federal del Trabajo y el Ministerio de Defensa no están en condiciones de llevar a cabos sus respectivas reformas sin ayuda externa y se hace notar que gracias a los asesores se ha logrado reducir gastos y ahorrar millones. En suma, se argumenta que el dinero ha estado bien invertido. Es posible que las cifras le den a la postre la razón. Pero eso no borra las sospechas ante las irregularidades detectadas ni resta importancia a la fiscalización.